Aprueba Congreso capitalino punto de acuerdo que condena la represión en Jalisco contra manifestantes que exigían agua potable

• El punto de acuerdo, presentado por la diputada Brenda Ruiz, fue suscrito por todo el Grupo Parlamentario de Morena. 

• El exhorto pide al gobernador Pablo Lemus transparentar la actuación policial, cesar la criminalización de la protesta y declarar emergencia sanitaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

• "A los privados no les interesa el bienestar de la gente, les interesa el dinero", advirtió el vocero Ángel Tamariz al rechazar cualquier intento de privatizar el agua.

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, presentado por la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar y suscrito por todo el Grupo Parlamentario de Morena, por el que condena enérgicamente la represión del gobierno de Jalisco contra las personas que el pasado 11 de octubre se manifestaron para exigir agua potable.

El punto de acuerdo exhorta al gobernador Pablo Lemus Navarro a transparentar la actuación policial y cesar la criminalización de la protesta, así como a declarar emergencia sanitaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara ante la presencia de metales pesados y bacterias fecales en la red hídrica, y a cancelar cualquier intento de privatizar el servicio.

La diputada Brenda Ruiz Aguilar señaló que lo ocurrido el 11 de octubre, cuando miles de personas marcharon hacia Casa Jalisco para reclamar agua potable, "exhibe el rostro autoritario de Movimiento Ciudadano: ante una protesta legítima, el Gobierno respondió con la violencia". Recordó que se reportaron 39 personas detenidas y decenas de lesionadas, entre ellas un joven repartidor de plataformas digitales.

La legisladora destacó que la Relatora Especial de la ONU sobre libertad de asociación, Gina Romero, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, con balas de goma y gases lacrimógenos. "No basta con pedir disculpas cuando la violencia queda exhibida; no basta con prometer investigaciones después de golpear y detener a quienes exigen sus derechos. La ciudadanía no necesita excusas: exige justicia, agua limpia y respeto a la libertad de manifestación", afirmó.

Ruiz Aguilar advirtió que, mientras se reprime a quienes protestan, persiste la crisis del agua, con reportes de muestras domiciliarias con posibles metales, nitratos, fluoruros y bacterias. "El agua es un derecho humano, no un negocio ni una mercancía", subrayó, al rechazar cualquier intento de privatizar el servicio.

El punto de acuerdo exhorta además al gobierno de Jalisco a condonar el cien por ciento de los cobros a las familias afectadas mientras no se restablezca el suministro de agua apta para consumo humano, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar el uso desproporcionado de la fuerza.

"Si el gobernador no dio la instrucción de reprimir, de usar balas de goma, tanquetas de agua y gas lacrimógeno, entonces ¿quién dio la orden? ¿Quién manda en Jalisco?", cuestionó la diputada.

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Ángel Tamariz, afirmó que Movimiento Ciudadano ha demostrado ser un partido de derecha, a favor de la represión y de la privatización. "Jamás en un gobierno de la Cuarta Transformación se ha reprimido ninguna manifestación", señaló. Ante el argumento de que no es un tema de la capital, respondió: "La represión no tiene código postal. La represión, donde sea, se condena".

Tamariz destacó que el punto de acuerdo exhorta a frenar cualquier intento de privatizar el agua. "El agua es un derecho humano y no se debe tolerar ninguna privatización. ¿No entendieron lo que fueron los 36 años de neoliberalismo? ¿No entendieron que privatizar profundizó las desigualdades en el país? A los privados no les interesa el bienestar de la gente, les interesa el dinero", sostuvo. "Cualquier proceso privatizador en este país ha demostrado que quienes se benefician son unos cuantos. Privatizar la distribución del agua significa encarecerla y bajar la calidad del servicio", advirtió.

El vocero precisó además que el punto de acuerdo exige saber quién dio la orden de reprimir, con nombres, cargos y sanciones, y que ninguna persona que salió a pedir agua tenga una carpeta de investigación abierta, "porque protestar no es un delito".

El diputado Roberto Alejandro Castillo Cruz cuestionó que se presente a Jalisco como uno de los estados mejor gobernados del país. "Si le llaman buen gobierno a dar por meses agua contaminada, en la que además se encontraron trazas de mercurio y plomo, pues claramente tenemos estándares distintos", afirmó. 

Recordó que siete de las personas detenidas fueron trasladadas al penal de Puente Grande y que la primera reacción del gobernador fue criminalizar la protesta, para reconocer 48 horas después el uso excesivo de la fuerza. "Esto es un patrón de los gobiernos de Movimiento Ciudadano", sostuvo, y advirtió que el gobierno estatal busca aprovechar la crisis para concesionar a un privado un acueducto de 18 mil millones de pesos.

El diputado Alberto Martínez Urincho señaló que en Jalisco la clase política que antes gobernó con el PAN se trasladó a Movimiento Ciudadano, y que desde entonces se ha mantenido la pretensión de privatizar el acceso al agua. "Hago un llamado no solamente al pueblo de Jalisco, sino a todo el pueblo de México, para que en todos los estados le cerremos el paso al intento privatizador del agua que pretende la derecha", expresó.

La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, diputada Adriana Espinosa de los Monteros García, señaló que resulta contradictorio que a Movimiento Ciudadano no le gusten los movimientos ciudadanos cuando estos defienden sus derechos. "Una cosa es promoverse como un movimiento ciudadano y otra muy distinta es demostrar desde el gobierno que se respeta a la ciudadanía cuando esta se organiza y levanta la voz. No basta con llamarse ciudadano, hay que demostrarlo cuando la ciudadanía deja de aplaudir y comienza a exigir", afirmó.

Por su parte, el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito condenó la represión contra las y los manifestantes en Guadalajara y la agresión contra personas que exigían un derecho básico, entre ellas un trabajador de plataformas digitales. Señaló que no hay justificación posible para responder con violencia a quienes salieron a las calles a pedir agua limpia, y que quienes toleran estos abusos deben dar la cara ante la ciudadanía.

El Grupo Parlamentario de Morena reitera que la protesta social no es un delito, que el agua es un derecho humano y no una mercancía, y que de ninguna manera debe usarse la violencia como respuesta a las legítimas exigencias de la ciudadanía.

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